El Consejo (máximo órgano entre Congresos) de la FSC-CCOO de Navarra, reunido hoy viernes, ha aprobado por unanimidad el informe general presentado por la secretaría general de la federación, que contiene una crítica valoración de la actuación del Gobierno de Uxue Barcos en los primeros meses de su gestión.
 
El informe, que realiza un diagnóstico de la situación económica, social y política en el Estado concluye con la necesidad de que se constituya un gobierno de progreso con la mayor base social posible en el estado, al efecto de revertir las políticas económicas y sociales que el gobierno del PP y anteriormente el del PSOE pusieron en marcha en el conjunto del Estado para lo que es obligatoria la aprobación de las necesarias reformas normativas, que amplíen y modifiquen el modelo democrático de relaciones laborales y desarrollen una nueva política económica y social para luchar contra el paro, mejorar las condiciones de empleo, aumentar la protección social, y ampliar y mejora el tejido empresarial, como base indispensable para crear empleo de calidad, financiar el Estado de Bienestar y tener políticas públicas sólidas.
 
En cuanto a la situación de Navarra, el informe reclama del Gobierno de Navarra que coloque los intereses de las personas, de la ciudadanía en general, en su programa inmediato de intervención y que devuelva a las personas lo que la crisis económica y sus gestores les han arrebatado, especialmente en todo lo que tienen que ver con la calidad de vida de la gente y con lo que son necesidades básicas, desde la atención a las personas, a la mejora de la calidad de vida en todos los asuntos relacionados con la cotidianidad.
 
Uno de los principales retos que en estos momentos tiene la economía y la sociedad Navarra es la de generar empleos de calidad y mejorar las condiciones de los ya existentes.
 
No obstante, el gobierno de Uxue Barcos se empecina en algunas materias que, si bien pueden formar parte de su "hoja de ruta particular", no solo no conectan con las reivindicaciones de la mayoría de la ciudadanía sino que confrontan de manera particular con una parte muy importante de esta.
 
La OPE de Educación, desproporcionada en su relación entre plazas de docentes en castellano y plazas de docentes en euskera, ha supuesto el enfrentamiento con todos aquellos partidos políticos y sindicatos que no están en la órbita nacionalista. Tan es así que incluso Podemos e Izquierda Ezkerra han votado en el Parlamento en contra de esta OPE y han exigido al gobierno su retirada. Ante esta soledad, el Gobierno de Navarra ha llevado a la Mesa general la propuesta para obtener el respaldo de los sindicatos nacionalistas ELA y LAB que actualmente son mayoritarios en la misma.
 
El incumplimiento de las promesas electorales, incluso de algún Acuerdo de Gobierno en el mes de septiembre ha llevado a que el personal de la administración del Gobierno de Navarra no haya visto recuperada la paga extra de la misma forma que el personal de la Administración General del Estado y de otras Comunidades, aprobándose por el Parlamento un calendario de recuperación de la paga extra que alcanza hasta el año 2018.
 
Califica el informe de esperpento la actuación del gobierno en esta materia, que ha llevado de decir el 7 de agosto que no se podía garantizar el abono de la paga extra, a pedir en un procedimiento judicial que se suspendiese la sentencia sobre el pago de la extra porque se había acordado por el Gobierno de Navarra su devolución y se iba a hacer efectiva la misma entre los meses de diciembre y enero, pasando por declaraciones del Consejero de Hacienda y de la propia Presidenta en las que mantenían que habían alcanzado un acuerdo con los sindicatos para posponer la devolución a próximos ejercicios presupuestarios y que ante las fuertes críticas de CCOO y otros sindicatos tuvieron que salir desmintiéndolo y diciendo que había sido un malentendido.
  
Critica el informe la actuación del gobierno de Uxue Barcos que, aprovechando la ola antisindical que discurre contra los sindicatos de clase en el conjunto del estado y particularmente, alimentada con intensidad sostenida por ELA, en Navarra, se preocupa de incluir en los órganos de representación a ELA y a LAB en tanto que sindicatos afines, bajo un discurso de incremento de la participación y desde el pretexto de que estos sindicatos alcanzan el 10% de la representatividad. Paralelamente excluye a CCOO de órganos de representación en los que nos corresponde participar en nuestra calidad de sindicato más representativo.
 
Además, disminuyen la calidad de la participación del conjunto de agentes sociales convirtiendo en "consultivos" algunos órganos en los que CCOO tenía plena capacidad de decisión como el Consejo de Dirección del Servicio Navarro de Empleo en el que ahora el gobierno se reserva en exclusiva el poder de decisión. En definitiva, participamos más (agentes) para decidir menos.
 
Continúa el informa valorando positivamente los incrementos recogidos en los capítulos sociales, especialmente en los referidos a la protección social, aunque advirtiendo que los tímidos avances recogidos en los capítulos de educación y sanidad no son suficientes para revertir los recortes sociales que hemos sufrido con los anteriores gobiernos y que el nuevo gobierno había prometido revertir y son además claramente insuficientes para recuperar los niveles de inversión del 2011 y años anteriores. El proyecto de presupuestos no recoge las aspiraciones de recuperación de derechos de las trabajadoras y trabajadores públicos. No incorporan la recuperación de una parte del poder adquisitivo perdido por el personal durante la crisis. No contemplan tampoco la posibilidad de una OPE encaminada a recuperar los niveles de empleo que el Acuerdo de condiciones de empleo recogía para 2010-2011. No avanzan en la reposición de los ratios en educación. Ni, en definitiva, avanzan en la reversión de derechos imprescindible para recuperar los niveles de calidad que los servicios públicos tenían antes de la crisis y que nuestra federación debe mantener como una de sus prioridades en la acción sindical.
 
Hace el informe un repaso por la negociación colectiva sectorial en la que participa la federación y en lo referido a la Mesa general de las Administraciones Públicas indica que, a pesar de las promesas electorales de los partidos que mediante el Acuerdo Programático sustentan el gobierno de Uxue Barcos, en la Mesa General de las Administraciones Públicas seguimos en la misma, si no peor, situación que con el gobierno anterior de UPN. Después de los iniciales requerimientos de la Consejera a las organizaciones sindicales para que aportásemos nuestras propuestas de negociación, no se ha producido negociación alguna. La Consejera Beaumont está imponiendo una dinámica en la que se llevan a la Mesa los asuntos que necesita plantear el Gobierno, se niega la discusión sobre el resto y en aquellos en los que se establece el debate, se escuchan nuestros argumentos sin atender, al menos hasta ahora, a ninguno de nuestros planteamientos. Sin embargo, estamos asistiendo a un preocupante seguidismo de los planteamientos del sindicato LAB por parte de la administración que, sin ninguna transparencia, los lleva a la Mesa general para su aprobación por la nueva mayoría sindical. Se pone en evidencia de esta manera la estrategia del gobierno que, en el momento que ha perdido una votación en el Parlamento, lleva la OPE a la Mesa general para que se la aprueben los sindicatos nacionalistas y cuando toda la representación sindical exigimos la devolución de la extra de 2012 en 2016, lleva el calendario de devolución del 25% en 2016, 25% en 2017 y 25% en 2018 al Parlamento para aprobarlo con el apoyo de Geroa Bai, EH Bildu e Izquierda Ezkerra y la abstención del resto de los grupos parlamentarios.
 
Ya en el ámbito interno, se establecen las estrategias para colocar al sindicato en la mejor posición posible para que los trabajadores y trabajadoras de Navarra vean al sindicato como la herramienta imprescindible para la mejora de sus condiciones de vida y trabajo.
 
Por último, se felicita el informe por haber revalidado en el conjunto de los sectores que organiza la federación en Navarra (Administraciones: Autonómica, Local, del Estado y Justicia; Transporte: Aéreo y Servicios Turísticos, por Carretera, por Ferrocarril; Medios de Comunicación, Artes, Cultura y Deporte; Papel, Gráficas y Fotografía; Telecomunicaciones; Postal y el Ciclo Integral del Agua) su posición como primera fuerza tras el proceso de concentración electoral finalizado en diciembre de 2015 puesto que los procesos de elecciones sindicales evidencian nuestra legitimidad como sindicato y nos dan la fuerza para intervenir en las empresas y administraciones.
 
 
Además, el Consejo de la FSC-CCOO de Navarra ha aprobado sendas resoluciones de apoyo a los trabajadores y trabajadoras de TRW-Landaben y Alstom, por el anuncio del expediente de extinción de contratos en el primer caso y el cierre de la planta de Buñuel en el segundo.