Para las dos organizaciones, la prioridad absoluta en este momento es que se frene la expansión del virus y que se recuperen las personas afectadas y, en lo laboral, evitar despidos y garantizar rentas a quienes se vean afectadas por la crisis.

Para UGT y CCOO, la caída de la actividad económica no tiene precedentes, pero su duración e intensidad dependerá de la contención del proceso de contagio del COVID19. En ese terreno, ambas organizaciones queremos manifestar nuestro apoyo al Gobierno y al conjunto de instituciones en cuantas medidas tenga que tomar para detener esta pandemia.

Los sindicatos mayoritarios consideramos que España debe evitar que esta crisis sanitaria provoque una grave crisis de demanda que se extienda más allá del efecto paralización de la actividad que las medidas de control sanitario traen consigo. En definitiva, que sea una crisis corta y no una de ciclo largo que vuelva a golpear a la clase trabajadora, que aún no había recuperado los niveles de empleo y apenas salariales tras la anterior recesión. La situación va a ser muy dura pero va a serlo de forma coyuntural. Y por ello creemos que todas las políticas públicas deben estar orientadas a evitar que lo coyuntural conlleve consecuencias irreversibles.

CCOO y UGT distinguimos dos fases en la política económica, laboral y social del Gobierno: una de amortiguación y otra de recuperación. Y en esa línea proponemos una serie de medidas que, tras su posterior negociación, llevaron a un consenso con CEOE y CEPYME para plantear su ejecución por parte del Gobierno.

Lo aprobado hoy en Consejo de Ministros responde a esas medidas y, por tanto, nuestra valoración es positiva. Para las dos organizaciones la prioridad absoluta en este momento es que se frene la expansión del virus y que se recuperen las personas afectadas y, en lo laboral, evitar despidos y garantizar rentas a quienes se vean afectadas por la crisis. Para ello, es fundamental mantener el empleo, evitando la finalización anticipada de empleos temporales o la extinción de contratos estables, temporales o en periodo de prueba, entre otros, que tienen una especial incidencia entre la población joven la cual soporta en mayor medida la precariedad en el empleo.

UGT y CCOO preveíamos un sistema que facilitase las suspensiones o reducciones de jornada a través de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que evitasen despidos. Estas medidas, que debían tener efectos retroactivos, tenían que incluir a las personas más vulnerables, como son las que no tienen los periodos de cotización suficientes para alcanzar la prestación de desempleo, y garantizar la recuperación futura del derecho a la prestación de desempleo para las trabajadoras y trabajadores afectados por esos expedientes.

A falta de conocer el detalle del real decreto, los sindicatos estamos observando una proliferación enorme de ERTE. Es necesario el esfuerzo público, sin duda, pero también es necesario saber cuál va a ser la aportación de los beneficios e importantes reservas empresariales, sobre todo de las grandes compañías, en esos ERTE. O si los sectores donde las ventas se pueden recuperar a lo largo del año van a participar en la mismas condiciones que las empresas más afectadas o las pymes. En la asunción de los ERTE como causados por fuerza mayor, se excluyen los periodos de consulta por lo que será la Administración la que tenga que velar por las causas de los mismos.

Instamos a que se vinculen las medidas de flexibilidad interna que se pudieran ir aprobando a la prohibición de otros mecanismos de ajuste como despidos o no renovación de contratos temporales. Y si se alargase esta situación durante más de un mes, algo que obviamente no deseamos, pedimos que se vincule cualquier beneficio de recursos públicos en las empresas con la limitación o
eliminación del reparto de dividendos o con el pago de bonus a su personal directivo y ejecutivo.

Asimsmo, ambas organizaciones hemos solicitado medidas que favorezcan a los trabajadores y trabajadoras que se vean en la necesidad de cuidar a personas dependientes -como consecuencia de la paralización de algunas actividades-, facilitándoles la conciliación y corresponsabilidad, la adaptación de jornada o una prestación económica mientras dure la contingencia. En este sentido, el real decreto del Gobierno contiene avances y se deja otras medidas que los sindicatos seguirán solicitando.

Para ambas organizaciones resulta fundamental, en esta coyuntura, proteger a los colectivos más vulnerables tales como las empleadas del hogar, que están desprotegidas tanto en términos de salud como de extinción de contrato, sin poder percibir prestación alguna; la población de nacionalidad extranjera, que pueden ver cómo pierden su permiso de residencia por la extinción de sus contratos, por lo que hay que protegerles y seguir manteniendo los sistemas de asilo y ayuda humanitaria, sin paralizarlos; las personas trabajadoras que se emplean por obra y servicio, que ven cómo son extinguidos sus contratos ante la parada de producción de las empresas; los trabajadores y trabajadoras que se emplean por medio de una agencia de trabajo temporal o de una empresa
multiservicios, con el fin de asegurarles prestaciones por desempleo y el empleo cuando acabe esta coyuntura. De la misma manera, estas medidas se deberían aplicar a los temporeros de la agricultura de la industria agroalimentaria, y los trabajadores y trabajadoras de temporada de la hostelería y la restauración, que verán perdidos sus empleos.

Además, ambos sindicatos instamos al Gobierno de nuestro país a que vincule las ayudas a las empresas al mantenimiento del empleo durante esta crisis, y actúe contra las que aprovechen esta circunstancia para implementar ERE o despidos, algo que sería ilegal a todas luces.

Para UGT y CCOO, las medidas adoptadas deben contar con agilidad en sus procedimientos, pero sin que esta conlleve falta de garantía en su aplicación. Hay que exigir corresponsabilidad a las empresas, sosteniendo el empleo en un momento muy delicado para España. Esa corresponsabilidad queremos hacerla extensiva al conjunto de Administraciones Públicas.
Instamos a que no se suspendan contratos públicos ya presupuestados -por ejemplo los servicios de comedores escolares- que las empresas concesionarias utilizan para justificar expedientes por fuerza mayor que bien podrían haberse evitado mediante permisos retribuidos, liberando recursos para que los Servicios de Empleo refuercen la protección de los colectivos más vulnerables.

CCOO y UGT somos conscientes de la necesidad de liquidez de las empresas porque se van a enfrentar a un desplazamiento temporal de su tesorería. Creemos que algunas de ellas disponen de excedentes financieros para asumir esta situación y, en otros casos, habría que adoptar medidas excepcionales de diferimiento o exoneración en materia tributaria o cotizaciones sociales, pero siempre de forma selectiva y vinculándolo al mantenimiento del empleo. Consideramos que esta tarea debe acometerla igualmente el sistema financiero privado, que debiera habilitar líneas de crédito extraordinarias sin repercutir costes adicionales y sin descartar establecer legalmente esta obligación.

La necesidad de liquidez no es exclusiva de las empresas. Muchas de las familias con todos sus miembros en el desempleo, o las que sufran los recortes salariales en estos momentos siguen teniendo que abonar cuotas hipotecarias, alquileres y suministros básicos. Para ambas organizaciones, debieran establecerse moratorias, exenciones o prorrateos de estos pagos para las personas
afectadas por esta crisis al menos en los próximos tres meses. En Italia se ha prorrateado el pago durante 24 próximos meses, otorgando un “balón de oxígeno” temporal a las economías familiares más vulnerables.

UGT y CCOO sabemos que el coste de estas medidas, las adoptadas por el Gobierno, y las restantes que demandamos es sin duda alto. Pero la situación es absolutamente excepcional y ello requiere de medidas extraordinarias. Creemos que ese esfuerzo colectivo, financiado con créditos presupuestarios extraordinarios que no afecten a la senda de déficit, es la mejor manera de relanzar la actividad en cuanto la alerta sanitaria cese.

Hay ejemplos de otros países que están acometiendo medidas pertinentes. El caso danés es ilustrativo: tres meses de compensación a las empresas privadas con riesgo de pérdida de empleo por el coronavirus, en un 75% del coste salarial, asumiendo estas el 25% restante y las y los trabajadores contribuyendo con una parte de su jornada vacacional (5 días). Creemos que es un modelo a considerar porque sostener empleo y rentas es el eje clave para enfrentar la crisis de demanda que se cierne sobre el país si no se toman las medidas con la intensidad y rapidez adecuadas. O el caso de Italia, donde el Gobierno ha decretado una moratoria de 60 días para los despidos por causas objetivas, por lo que las empresas no podrán prescindir de sus empleadas y empleados alegando motivos económicos.

Una vez más, agradecemos profundamente la labor esencial de todas las trabajadoras y trabajadores que están sosteniendo el país en estos momentos cruciales y, por supuesto, estamos vigilantes para que hagan su trabajo estos días aplicando todas las medidas de protección y cumpliendo los protocoles de vigilancia de la salud.